Catalunya
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Dr. Jaume Cañellas Galindo Group moderatorThe company name is only visible to registered members.El Pleno del Tribunal Constitucional intentará nuevamente alcanzar un acuerdo sobre el "ESTATUT DE CATALUNYA"
El Pleno del Tribunal Constitucional intentará nuevamente esta semana alcanzar un acuerdo para alumbrar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, recurrido de inconstitucionalidad por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas. No lo tiene nada fácil ni está claro que pueda conseguirlo. Aunque apenas dos votos le separan de una sentencia presentable, puede que hasta el último momento, hasta la votación final, no se sepa si va a haber sentencia ni quiénes van a conformar la mayoría. Por si acaso, el fallo de la ponencia oficial ya está redactado, ocupa folio y medio de extensión y fue distribuido el jueves por la tarde a todos los magistrados.
La deliberación de la quinta ponencia redactada por la magistrada Elisa Pérez Vera, con las mejoras incorporadas tras las deliberaciones anteriores, comenzará el miércoles 14 por la mañana, entre los 10 magistrados que forman el Pleno. Dado que se prevé una deliberación a fondo y no exenta de tensión, lo más probable es que la votación se traslade al día 15 o a fechas posteriores.
Según las fuentes consultadas, a la deliberación se llega sin ningún acuerdo cerrado, y con el tribunal dividido en tres grupos, casi como quedaron a finales de 2009, tras la deliberación anterior.
El primero es el que respalda la ponencia, integrado por la presidenta María Emilia Casas, la ponente Elisa Pérez Vera y los magistrados progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay. La ponencia acepta una quincena de declaraciones de inconstitucionalidad y reinterpreta una veintena de preceptos, lo que en conjunto afectaría a un tercio del Estatuto catalán.
Un segundo grupo está integrado por el vicepresidente, Guillermo Jiménez, el conservador Ramón Rodríguez Arribas y el magistrado Manuel Aragón Reyes, del sector progresista, pero que hasta ahora ha tenido serias dificultades para aceptar todo lo relacionado con el término "nación" referido a Cataluña. Es en este grupo donde se centran todas las expectativas y en el que se comprobará si Aragón ha conseguido atraer a los otros dos magistrados hacia las posiciones de la mayoría.
Un tercer grupo de magistrados, integrado por los conservadores, Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, mantienen posiciones extremas en contra de la constitucionalidad del Estatuto, y se les considera "descolgados" del proyecto de sentencia. Según las fuentes consultadas, Rodríguez Zapata, el más extremista, ha amenazado con pegar un puñetazo en la mesa y exigir una votación artículo por artículo de los preceptos impugnados, en vez de una votación a la totalidad del texto. Su petición puede ser secundada quizá por Delgado, pero no parece que vaya a haber más adhesiones.
La clave para que pueda haber sentencia está en que se produzca un acercamiento del grupo que ha venido liderando Manuel Aragón hacia las tesis de la ponencia oficial. Aragón ha venido insistiendo en dejar claro que el término "nación" sólo puede referirse a España y los símbolos "nacionales" de Cataluña que enumera el artículo 8 sólo pueden referirse a Cataluña como "nacionalidad".
La presidenta, María Emilia Casas, quiere atraer a la ponencia al menos a Manuel Aragón y al vicepresidente Guillermo Jiménez y contar con ellos para que firmen la sentencia más importante que ha dictado el tribunal en toda su historia. Ambos estuvieron en la sentencia que declaró la constitucionalidad del Estatuto de Valencia, lo que deparó algunos costes personales a Guillermo Jiménez, al ser el único magistrado conservador que plasmó su firma en ella. Sin embargo, expertos constitucionalistas dijeron a este periódico que no sólo la presidenta, sino también el vicepresidente de la institución tiene la obligación de buscar una mayoría para procurar que la sentencia vea la luz. Además, los avances del Estatuto catalán repercutirán en otras comunidades, como Andalucía, de la que es originario Guillermo Jiménez.
Si sólo fuese Aragón el que se incorporase a la mayoría, se produciría un empate que obligaría a la presidenta a utilizar su voto de calidad e inclinar la balanza hacia la ponencia oficial. Habría sentencia, sí, pero con un coste personal terrible para María Emilia Casas y un coste político de primera magnitud para el Gobierno socialista y los nacionalistas catalanes.
La votación final preocupa, sobre todo por el sistema. Empiezan votando los magistrados más modernos en el tribunal y acaban el vicepresidente y la presidenta, que lo hace en último lugar. El primero en votar, precisamente, será Manuel Aragón. Si da su voto afirmativo a la ponencia, se habrá producido ya el empate, que sólo podría ser deshecho si el vicepresidente Jiménez, que vota en penúltimo lugar, vota a su vez afirmativamente y se suma a la mayoría. En caso contrario, la presidenta se verá forzada a deshacer el empate con su voto de calidad, inclinando la balanza hacia su grupo.
Una solución obligada que, empezando por Casas, nadie, salvo quizá el PP, desea. En caso de alumbrarse la sentencia, el tribunal tiene previsto notificar sólo el fallo, ya que el texto final tiene que incorporar los votos de los magistrados disidentes, lo que retrasará el conocimiento del texto durante unos días.
En el caso de que ahora no hubiera sentencia, la ponente podría intentar un sexto proyecto. La presidenta, María Emilia Casas también podría recabar la ponencia para sí y redactar ella el siguiente proyecto de sentencia. Dado que ésta no diferiría mucho de la de Elisa Pérez Vera, también podría encomendar su redacción a otro magistrado del sector más proclive al acuerdo, aunque esa situación podría reproducir el panorama actual, dado que los progresistas también han cedido en sus posiciones.
Fuente: ELPAIS.com
- 12 Apr 2010, 02:55 am
