DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de Creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Toda persona tiene derecho a la educación y a la sanidad. La educación y la sanidad deben ser gratuitas, al menos en lo concerniente a las instrucciónes elementales y los cuidados fundamentales. Las instrucciónes elementales y los cuidados fundamentales serán obligatorias.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades de los seres humanos se hagan plenamente efectivos.

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  • 10 Feb 2012

    El Rey de la Prostitución

    El rey de la prostitución

    Por Lydia Cacho *

    La procuradora Marisela Morales y el responsable de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tienen en sus manos un caso que los pondrá a prueba ante la comunidad internacional. Es el caso de Raúl Martins, “El rey de la prostitución”. Ya habíamos hablado del ex miembro del servicio secreto, acusado en Argentina de haber actuado durante la dictadura militar, quien se mudó a México hace casi dos décadas.

    Varias cosas han sucedido esta semana que apuntan a que este caso de trata internacional no podrá ser debilitado ni por gobernadores ni jueces mexicanos vinculados a Martins. Lorena Martins, la hija del sujeto acusado de trata de mujeres, propietario de prostíbulos en México y Argentina, estuvo aquí esta semana para traer las mismas evidencias que entregó en su país ante la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Todos los correos electrónicos y videos originales aportados por Lorena son impresionantes, muestran a Martins y sus colegas, abogados y cómplices (como un juez argentino) celebrando los niveles de impunidad que les han permitido crear un emporio de esclavitud sexual de mujeres en ambos países. En uno de ellos, un Martins sonriente asegura que muchas de las chicas que llegan a él fueron violadas de niñas o huyeron de sus hogares y que él les da un segundo hogar y les enseña un oficio. Su descripción de cómo capta a las jóvenes en gran vulnerabilidad es suficiente evidencia para fincarle responsabilidades, según la ley contra la trata de personas en México.

    Hay coincidencias que no pueden pasarse por alto. Martins tiene varios abogados, como él mismo dice riendo en uno de los videos, que lo han protegido de los ataques judiciales; entre ellos están los hijos de Gabino Andrade, ex defensores de Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. Pepe Gómez, el propietario del diario Quequi, ha sido su cliente, defensor y amigo de Martins. Además de ser propietario del diario, Gómez es socio de Don King y está directamente vinculado al negocio del boxeo en México y Las Vegas. (Justamente fue en el balcón del departamento de Pepe Gómez en las torres Emerald donde cayó muerta la joven búlgara Galina Chankova, cuyos padres aseguran que fue traída a México por un tratante de mujeres para la explotación sexual.)

    Las cadenas de clientes y protectores son claras, y las coincidencias también. La jueza federal argentina María Romilda Servini declaró que al allanar cien prostíbulos hace unos meses encontraron evidencia de que se retenían los documentos de las jóvenes bailarinas y se las tenía “en circunstancias muy similares a la esclavitud”. Sin embargo, 48 horas antes de la llegada de la policía, según Lorena, Martins ya sabía del operativo en sus locales y movió a las jóvenes, según el diario Página/12. En el caso de Cancún, Lorena aportó pruebas de cómo Martins, al enterarse de que el general Bibiano Villa estaba por hacer un fuerte operativo conjunto en la zona hotelera de Cancún, le pide información por escrito a un servidor público que trabajaba para Greg Sánchez, ex alcalde de Benito Juárez.

    Lorena ha dado nombres de dos miembros de Los Zetas que operan la venta de drogas en Cancún y a quienes Martins, según testimonios, les pagaba con jovencitas. Ya cuentan también con la evidencia de un tamaulipeco, el verdadero líder de Los Zetas, que habita en la zona hotelera y que le ha asegurado protección absoluta a Martins ante la posible deportación que el Instituto Nacional de Migraciones planea la semana próxima. Faltará evidenciar el nombre del juez que amparó a Martins para que sea intocable en México.

    No cabe duda, ésta es una red internacional de trata de personas en la que están involucrados políticos, empresarios, jueces, militares, periodistas, policías y narcotraficantes. Si la historia le trae ecos del caso Marín-Nacif-Succar no es casualidad. La diferencia fundamental entre aquel caso y éste es que si los ex gobernadores involucrados con Martins pidieran favores extrajudiciales o intentaran rasurar expedientes federales mexicanos para borrar sus nombres, la ministra de Seguridad de Argentina, la jueza Servini y activistas de Argentina tienen originales de todas las pruebas. Por otro lado, en Argentina los policías y ex servicios de Inteligencia vinculados a la trata de personas y a crímenes de la dictadura ya se mueven para proteger a Raúl Martins allá. Este podría ser el caso más importante a nivel latinoamericano de trata internacional de mujeres. Está en manos de la procuradora Morales, veremos si esta vez la verdad pesa más que la corrupción.

    * Escritora mexicana. Autora de Esclavas del Poder, sobre la trata de personas. Premio 2007 Human Rights Watch.

    Premio Mundial de la Unesco 2007.

    Premio Olof Palme 2010.

    Fuente: Pagina 12 - Argentina

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  • 29 Jan 2012

    Garzón Resiste la Embestida del Neofranquismo

    EL MUNDO › UN JUEZ VINCULADO CON EL CASO GÜRTEL FORMALIZA OTRA ACUSACION POR COBRAR HONORARIOS ACADEMICOS

    Garzón resiste la embestida del neofranquismo

    “No he solicitado, ni gestionado, ni administrado, ni recibido personalmente o por terceros, ni directa o indirectamente, cantidad alguna de ninguna de las entidades patrocinadoras de los seminarios”, se defendió Garzón.

    El Tribunal Supremo de España prosigue su avanzada contra el juez Baltasar Garzón. Mientras el ex magistrado de la Audiencia Nacional espera el martes la nulidad del juicio por investigar crímenes de lesa humanidad franquistas y la sentencia del caso Gürtel, el instructor Manuel Marchena formalizó la acusación por cohecho en la tercera causa abierta en contra de Garzón. Con esa última formalidad cumplida se hace inminente el inicio de un tercer juicio, aunque la fecha exacta todavía no se definió. En este tercer juicio Garzón está acusado de haber recibido dinero del Banco Santander y otras empresas por unos cursos que dio en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York. En una circular difundida ayer, Garzón rechazó la acusación de Marchena.

    En la conclusión de la instrucción de la tercera causa, el magistrado del Tribunal Supremo afirmó ayer que existen indicios de que hubo un reparto clandestino de dinero procedente de subvenciones. “Se creó un interesado escenario de descontrol en el reparto de las abultadas partidas que recibía la Universidad de Nueva York”, dijo Marchena. Se acusa a Garzón de contactarse personalmente por correo electrónico con los directivos de Santander, BBVA y Telefónica solicitando un total de 2.595.375 dólares. “Las gestiones del querellado permitieron la obtención definitiva de 1.237.000 dólares”, dice la resolución.

    Garzón negó categóricamente ayer en la circular haber solicitado ese dinero. “No he solicitado, ni gestionado, ni administrado, ni recibido personalmente o por terceros, ni directa o indirectamente, cantidad alguna en metálico de ninguna de las entidades patrocinadoras de los seminarios”, dice la carta de Garzón.

    Para el secretario de organización del PSoE en Buenos Aires, no es casual que Marchena haya sido quien procesó a Garzón por cohecho. “Es uno de los jueces del caso Gürtel”, dice en diálogo con Página/12 Gustavo López Pardo, haciendo referencia al caso de corrupción que salpicó al Partido Popular gobernante y que investigara Garzón en 2009. Ese juicio acaba de terminar y se espera la sentencia. Garzón ya había recusado en otro procedimiento a Marchena por oficiar simultáneamente de instructor en la causa de los honorarios y de juez en el proceso por el caso Gürtel. “La resolución ahora dictada demuestra lo fundado de aquella recusación”, asegura Garzón en la circular difundida ayer. “Sería ya el tercer juicio en su contra. Es insólito que a Francisco Camps (el principal político opositor implicado en el caso Gürtel) lo dejen libre en un fallo dividido de cinco a cuatro. Me parece que en la Justicia española hay un sentido común bastante emparentado con el franquismo”, afirmó López Pardo.

    El jueves pasado, Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana por el PP, fue sobreseído por falta de pruebas en la causa Gürtel. El funcionario conservador era sospechado de haber recibido trajes por el valor de 14.000 euros de una empresa a la que su administración le otorgó contratos. Por este caso, Camps estaba acusado de delito de cohecho, la misma figura por la que se lo imputa a Garzón en la tercera causa en su contra.

    Marchena no especificó la cantidad de dinero que supuestamente se habría embolsado Garzón de los bancos por los seminarios que dictó en la Universidad de Nueva york, que para Marchena constituye un cohecho. Según el diario El País, el ex juez asegura haber recibido 160.000 dólares. Por su parte, la Universidad de Nueva York declaró haber recibido 28.000 de la misma fuente por organizar los seminarios. Garzón aclaró que de sus ingresos totales le dedujeron sus gastos de alquiler.

    Para hoy está prevista una marcha organizada por la plataforma Solidarios con Garzón, compuesta por artistas, escritores, intelectuales y representantes de los sindicatos CCOO y UGT. El recorrido finalizará en la plaza de Canalejas de la capital. Partirá al mediodía de la plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, donde Garzón será juzgado el martes por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1979).

    La marcha fue presentada el pasado jueves en el Ateneo de Madrid en un acto en el que participaron artistas, entre quienes estaban el poeta Luis García Montero, el director de teatro José Luis Gómez, y los actores José Sacristán, Juan Diego Botto y Pilar Bardem. Las acusaciones que se presume provienen del PP, ejercidas por el supuesto órgano del partido para presentar querellas –el sindicato ultraderechista Manos Limpias– piden que Garzón sea condenado a una pena de inhabilitación por prevaricato, mientras que la fiscalía pidió su absolución por irregularidades en la querella. “En pleno siglo XXI España es el único estado europeo que no se arrepiente de sus crímenes de lesa humanidad”, asegura López Pardo. “Se nota cómo construyó sentido común en la gente española los cuarenta años de dictadura franquista.” En su circular de ayer, Garzón concluye que será difícil reparar los graves perjuicios en su persona por esta causa. “Mi confianza en el sistema judicial español está fuera de toda duda”, concluye.

    Informe: Juan Nicenboim.

    Fuente: Pagina 12 Argentina

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  • 24 Jan 2012

    El Genocida que Quiere Público

    Por Adriana Meyer

    Los ocupantes del denominado “pabellón de lesa” de la cárcel de Marcos Paz –que aloja a los represores condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura– son proclives a la queja. No fue la excepción el cura Christian von Wernich, quien publicó una carta en la que denunció que fue cercenada su “libertad religiosa” porque le habrían prohibido el acceso a la capilla del penal, y pidió a las autoridades eclesiásticas que intercedan ante esta “persecución infame y diabólica”. Desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aclararon que todos los reclusos pueden practicar su fe con las condiciones propias de su situación de encierro, esto es, en determinados horarios, espacios y con ciertas personas. “Acabamos de ser víctimas del más miserable y vengativo atropello a la dignidad humana en su libertad religiosa garantizada por nuestra Constitución Nacional”, se permitió expresar Von Wernich.

    El sacerdote se dirigió a las autoridades de la Iglesia Católica “como ex capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sometido a un proceso jurídico-político desde el año 2003, condenado a reclusión perpetua, confinado en el penal de mediana seguridad de Marcos Paz, de 74 años de edad, acompañado por otros miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias –muchos de ellos octogenarios– por haber combatido al terrorismo subversivo marxista durante los años 1976 a 1983”. En rigor, en octubre de 2007, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a Von Wernich como “partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos de 31, además de coautor del homicidio de siete personas, cometidos en el marco del genocidio”. En aquella oportunidad, el Episcopado repitió un pronunciamiento anterior en el que había señalado que si miembros de la Iglesia participaron de la represión, lo hicieron bajo su responsabilidad personal.

    La carta de Von Wernich fue publicada en el sitio Periodismo de Verdad, en el que abrevan genocidas de variado origen, y en ella sostiene que le prohibieron “el ingreso diario a la Capilla del Penal a las 18 horas, para nuestra ‘Hora Santa’, frente al Santísimo Sacramento y a la reunión de grupos de oración, como lo veníamos haciendo desde el año 2007, sin ningún tipo de problema, dentro del mayor respeto y recogimiento”. Según describió, “esta persecución a la fe de los católicos es a consecuencia de una falsa denuncia anónima no investigada y valorada como verídica por parte del señor director nacional del Servicio Penitenciario Federal”. El cura convicto se refiere a cuando fue revelado que daba misa en la capilla del penal, lo cual niega, y sostiene que el funcionario no verificó la presunta falsedad de esos dichos porque “está manifestando una ideología comunista marxista”. En su explicación, Von Wernich relata que su obispo diocesano sólo le permite celebrar misa en su “celda-calabozo”, pero admite que participa de la misa de los capellanes. “Generalmente hago de ‘monaguillo’ o de ‘sacristán’, al preparar el altar de la santa misa para los internos y los ‘presos políticos’ de los que formo parte.” El Servicio Penitenciario aseguró que “eso no es cierto, no cercenamos derechos en base a denuncias, y menos anónimas”.

    La carta fue originalmente publicada en La Historia Paralela, otra página de nacionalistas varios, con una foto del director nacional del SPF, Víctor Hortel, en ocasión del casamiento de lesbianas en el penal. Aunque el cura no menciona el hecho, parece estar molesto por estas situaciones. Sí explicitó que “el arreglo del cerco perimetral sigue dormido”, y lo calificó como un tema de “inseguridad”. Y lamentó que estén “tratando de convertir las capillas de los penales en depósito o pañol”.

    Hace cinco años, cuando fue condenado, dijo: “Yo sé muy bien lo que hice, por qué lo hice y con quiénes; nadie me va a prohibir dar misa, ni perderé ninguna de mis atribuciones”. En 2007, la asamblea plenaria de obispos reunida en Pilar analizó una probable sanción eclesiástica contra el “padre Christian”, como firma el cura sus pedidos de amnistía. Sin embargo, nunca lo aprobó. Así los hechos, no es la Iglesia a la que sigue perteneciendo este genocida la que le impide dar misa sino un organismo del Estado, como el SPF.

    Fuente: Pagina 12 - Argentina

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